Por Antonio Cornadó
Hace algunos días El Diario Montañes publicó un artículo de opinión titulado RSC en la que, a propósito de este tipo de iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSC), se hacía una analogía que quizás puede resultar confusa para el lector. El mensaje de fondo venía decir que, ya que las empresas energéticas y la banca -singularmente- hacen políticas de responsabilidad social corporativa para lavar o mejorar su imagen, que mejor labor de RSC que “arrimar el hombro” con el impuesto, vía ley, que ha planteado el gobierno en el Congreso, como si, al final, ambas cosas fueran algo similar. Modestamente, creo que no es así.
Habitualmente la política de RSC forma parte de la responsabilidad de las direcciones de comunicación de las compañías. La RSC tiene una serie de características que están bien definidas en la práctica empresarial y que son comúnmente aceptadas en la profesión. Hay al menos cuatro rasgos que son relevantes para este caso:
1. Son iniciativas voluntarias.
2. Surgen desde dentro de las empresas.
3. Son finalistas, es decir, van destinadas a un objetivo social concreto.
4. No impactan en la retribución a los accionistas.
Un proyecto de ley como el que se ha anunciado puede ser muchas cosas, pero -desde mi punto de vista- no se puede identificar con una iniciativa de RSC. Si quitamos la hojarasca, la realidad de lo que plantea la propuesta de ley es bastante diferente ya que se trata de algo impuesto, ajeno a la voluntad de la empresa, su objetivo es recaudatorio, no se explicita el destino final de esos recursos e impacta en la cuenta de resultados y en la retribución de los accionistas.
Hay miles de empresas de muchos sectores que tienen en la RSC una forma de colaboración generosa y desinteresada. Sin ir más lejos, en Cantabria hemos visto durante la pandemia grandes ejemplos de compromiso con la sociedad. Ni entonces ni ahora es necesaria una ley que recuerde y obligue a las empresas a ejercer esa llamada “responsabilidad social”, cuando en realidad lo que se promueve es una mayor carga fiscal; llamemos a las cosas por su nombre.
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Artículo publicado originariamente en El Diario Montañés