Por Antonio Cornadó
Esta semana una la controversia política, jurídica y mediática estrella ha sido la relativa a las consecuencias legales de la llamada “ley del solo sí es sí” del Ministerio de Igualdad. Tan intensa han sido la exposición pública como el empeño de sus responsables por sacudirse toda responsabilidad sobre sus perversas consecuencias. En lo referente a la estrategia de comunicación hay dos aspectos que me han llamado la atención.
El primero es la nefasta gestión de la crisis por parte del del Ministerio -y del conjunto del gobierno- con declaraciones erráticas, extravagantes y contradictorias, tratando de explicar lo que a los ojos de todos -expertos o no- es una responsabilidad de quien ha redactado técnicamente una mala ley. Culpar a todos, echar balones fuera, escurrir el bulto, no coger el toro por los cuernos, son expresiones populares que ayudan a explicar y entender los errores de manual que se han cometido en la gestión de esta crisis, quizás porque sus líderes y los responsables de comunicación han actuado más como activistas que como profesionales.
El segundo aspecto tiene que ver con la capacidad de dejarse ayudar. Escuchar para aprender lo mejora todo, también la toma de decisiones. Por eso llama la atención que se desprecie, se ignore o se oculte la posibilidad de que los especialistas, los grupos de interés o la misma sociedad civil aporten y tengan capacidad de influir para que una iniciativa sea mejor.
Recientemente el Consejo de ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Es decir, se comienza a regular la actividad de los lobbies que intentan influir y quizás mejorar las decisiones en la vida pública. Y eso es una buena noticia para todos.
Rosa María Rotondo, presidenta de la Asociación de los Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), los lobistas, repite a menudo que se dedica al sano y democrático ejercicio de hacer que sus puntos de vista o los de sus clientes sean tenidos en cuenta por las instituciones públicas antes de que adopten una decisión. Y esto es así porque es un derecho de las empresas y los sectores de actividad que quien decide conozca todos los puntos de vista sobre cualquier asunto para tomar las mejores decisiones con la mayor información.
Saber escuchar ayuda a mejorar las leyes y los procedimientos administrativos y, al final, la vida de los ciudadanos. Los responsables de comunicación ayudamos a que los puntos de vista de nuestras empresas sean tenidos en cuenta ejerciendo la “presión” de los datos con argumentos comprensibles y basados en razones contrastadas.
En asuntos trascendentes, dejarse ayudar no es una humillación; no hacerlo es un acto de soberbia.
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Artículo publicado originariamente en El Diario Montañés