Por Antonio Cornadó
Hace unos días asistí a la asamblea general de la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM) que se celebró en la sede de CEOE en Madrid. Fue un buen momento y lugar para palpar la realidad de mi profesión y como los empresarios valoran nuestro trabajo.
Una síntesis de esto apareció en el coloquio entre Miguel López Quesada, presidente de DIRCOM y Antonio Garamendi, presidente de CEOE. Ambos, con naturalidad y sin postureo, hicieron un repaso de los temas que preocupan hoy a los empresarios y de la importancia que está adquiriendo una comunicación profesionalizada que ayude en la toma de decisiones empresariales en un momento de gran incertidumbre. De todo lo hablado he hecho mi propia lectura que comparto aquí.
Hay una preocupación real en el mundo empresarial por la imagen que se da de los empresarios y la actividad empresarial desde algunas posiciones políticas y sociales. El proceso va más allá de las acusaciones personales, que son muy graves, ya que se intenta que todo empresario aparezca como culpable de algo. El mecanismo es sencillo. Se toma la parte por el todo: una persona es una empresa; una empresa es un sector y un sector es toda la actividad. ¿Cómo? A través de procesos comunicativos: simplificamos el mensaje, le damos un toque emocional, añadimos un par de adjetivos gruesos y de esta forma el mensaje “pasa” más fácilmente a la opinión pública, genera titulares y miles de impactos en redes.
Lo preocupante de este proceso no es la deformación de la imagen de la actividad empresarial, sino la pretensión poco disimulada de reducir la voz, la opinión, la presencia y la capacidad de interlocución de los empresarios llevándolos una especie de lugar especial, pequeño, oscuro y aislado donde solo pueden aceptar las imposiciones de terceros. No hacerlo es ser intransigente y autoritario.
No es así. Los empresarios, como cualquier actor de la sociedad civil, tienen la obligación y el derecho de poder defender legitimante sus intereses para hacer que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta por las instituciones públicas antes de que adopten una decisión. Todo el proceso se enriquece cuando se muestra otra visión a través de datos y argumentos basados en razones contrastadas. De esta manera todos -también los empresarios- pueden influir positivamente en la toma de decisiones para ensanchar la visión del legislador, para mejorar la calidad legislativa y para dotar de coherencia y certidumbre a todo el entramado regulatorio y administrativo.
Los empresarios son necesarios y su presencia en los asuntos públicos es imprescindible. En esta tarea de defensa de su actividad y su capacidad de influencia los responsables de comunicación tenemos, como se vio en la asamblea de DIRCOM, un papel cada vez más determinante.
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Artículo publicado originariamente en El Diario Montañés